Los 10 acusados en caso Senasa residen en torres de lujos de los sectores más exclusivos del DN

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fijó para este jueves a las 2:00 pm la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los imputados por los actos de corrupción en SeNaSa.

La audiencia había sido aplazada el pasado martes para que las defensas pudieran preparar sus argumentos y revisar el expediente del caso, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios vinculados a la administración de la seguridad social.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado complejo, dada la presunta magnitud y organización de la estructura investigada.

Entre los imputados figuran: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector de SeNaSa), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.

La supuesta red de corrupción

Según el expediente, la estructura operaba bajo directrices de Hazim Albainy, con el objetivo de favorecer intereses particulares y garantizar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.

El consultor jurídico Germán Robles habría intervenido para aprobar de manera irregular a ciertos prestadores de servicios, blindando decisiones ejecutadas fuera de la normativa institucional. Por su parte, Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, tenía a su cargo la homologación de acuerdos y dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores, creado de manera irregular.

El expediente también menciona a Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario, quien presuntamente habilitaba o ampliaba la cartera de prestadores sin la documentación requerida, y a Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, acusada de formalizar actas que reflejaban decisiones previamente coordinadas internamente.

Las autoridades aseguran que estos funcionarios no actuaban conforme al interés público ni a la ley, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado para beneficios particulares y políticos, afectando directamente el patrimonio público y el sistema de salud nacional.

La atención estará puesta en la audiencia de hoy jueves, que definirá si los imputados cumplen prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre este complejo caso de corrupción que ha sacudido al sector salud dominicano.