Los Defensores

Julieta Tejada pide al Ministerio Público evitar que la impunidad alcance a médicos y clínicas en el caso SENASA

Julieta Tejada


Santo Domingo.– La comunicadora Julieta Tejada manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el caso de corrupción (SENASA) se limite únicamente a los funcionarios ya imputados, sin que se profundice en otras líneas de investigación que, a su juicio, son fundamentales para el esclarecimiento total del expediente. 


Durante su intervención en El Gobierno de la Mañana, Tejada planteó que en una primera etapa del proceso los diez imputados presentados parecían ser los únicos sujetos a acciones judiciales. No obstante, a partir de declaraciones previas de la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, expresó y sugirió la posibilidad de extender la investigación a médicos, farmacias, clínicas y centros diagnósticos, sectores que necesariamente deberán formar parte del entramado bajo investigación. 


Con relación a las recientes declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, indicó que generan inquietud, al considerar que experiencias pasadas con investigaciones anunciadas como “fase 2” o “2.0” no han producido resultados concretos. En ese sentido, advirtió que el caso podría tomar el mismo rumbo de los anteriores. 


De igual manera, enfatizó que la sociedad dominicana se mantiene vigilante y rechazó de manera categórica que los profesionales de la salud que participaron en el presunto fraude queden amparados bajo la impunidad. “No es posible que médicos que juraron preservar la vida hayan participado en un entramado que ha provocado pérdida de salud y, en algunos casos, de vidas humanas”, expresó. 


Asimismo, sostuvo que el fraude no pudo haberse ejecutado únicamente desde el ámbito público-administrativo, sino que tuvo que haber requerido necesariamente de la confabulación y participación de sectores médicos y clínicas, cuyos nombres —afirmó— deben ser dados a conocer al país. A su entender, la ciudadanía tiene el derecho de saber qué médicos y qué centros de salud firmaron y contribuyeron a materializar el fraude contra los recursos destinados a los sectores más vulnerables.